Sobre la Azucarera y el AVE (I)

A ver si consigo ser breve, ordenado, espequemático:
A mitad de los años 80, un poco antes, Ávila Rojas compra la azucarera de Bobadilla (Chana) por algo más de 100 millones de pesetas.
Durante años, y ya con el PGOU del año 85 aprobado, intenta el promotor desarrollar proyectos en este espacio. Ninguno residencial porque se trata de un suelo industrial.
En el año 2001 se aprueba un nuevo PGOU en el Ayuntamiento gobernado por el PSOE, IU y PA. Se redacta un Plan Especial con el objetivo de poner en valor la azucarera, a través de un proyecto cultural y comercial. Ayuntamiento y Ávila Rojas firman un convenio urbanístico, pero el socio inversor se echa atrás en el último momento porque los estudios de movilidad no garantizan la viabilidad de la intervención. Además, acaba de abrirse Kinépolis, y los estudios de viabilidad económica no son tampoco favorables por falta de mercado para tanto centro comercial.

En el asunto de la movilidad, destaca como inconveniente la vía del tren y una acequia descubierta que transcurre por Bobadilla. Problemas de movilidad es la razón que adujo el alcalde para no poner el ferial en esta zona. "Allí no coge tanto coche".
Corre el año 2003-2004, y ya con el Gobierno del PP en el Ayuntamiento, se sabe que este proyecto no prosperará.
Llega también el caso Malaya, todo el asunto de Marbella en el que Ávila Rojas se ve envuelto.

Vende estos terrenos a una empresa por 21 millones de euros. En algo más de 20 años, un mismo terreno multiplica exponencialmente su valor. ¡Qué país tan rico somos!

Según me cuentan, el comprador vuelve a vender los terrenos de la Azucarera por 31 millones de euros, no sé si a las pocas semanas o a los pocos meses. ¡Qué bancos tan generosos, tan precavidos!, ¡qué notarios tan al cuidado de no contribuir con la burbuja inmobiliaria!

Se plantea un nuevo Plan Especial para solventar el anterior convenio urbanístico no resuelto. Problemas, líos con el entonces concejal de urbanismo, Nino García Royo (el mismo que pronto se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito urbanístico). El concejal se cabrea y se plantea expropiar los terrenos con un agente urbanizador.

Todo el mundo se enfada y nada se soluciona.

Llega la crisis, se acaba la alegría del crédito fácil. Imagino que los bancos, ahora, querrán recuperar el dinero de la hipoteca ante la nada que allí existe. Nada, nada, es un decir, existe lo que existió siempre, una antigua fábrica, con un valor patrimonial determinado pero corren malos tiempos para la conservación del patrimonio por la situación de crisis. Así que paso este asunto por alto. Que cada cual juzgue si la conservación es capaz de generar dinero o no, si lo mejor no es plantear soluciones residenciales que nos han metido de lleno en la crisis de forma aguda en nuestro país. ¡Más madera para una máquina de vapor enferma!

Digo que, tal vez, agobiados por la hipoteca, los promotores por arte de birlibirloque proponen que sobre un terreno de su propiedad se instale la estación del AVE. El alcalde del PP, de la noche a la mañana, ve este asunto con buenos ojos y, encima, es más barato porque no habrá que soterrar el tren a su paso por La Chana. Mejor imposible.

Está claro que un ayuntamiento hace obras, proyectos, vendiendo suelo público. Ni con crisis, ni sin crisis, un ayuntamiento tiene ingresos propios para afrontar determinadas obras públicas. Los promotores son fundamentales, tienen que contribuir en la construcción de la ciudad. Asumen riesgos de capital, compran, construyen y venden, con cargo a crédito normalmente, y es justo que obtengan beneficios. Pero salvo excepciones y en general, los promotores de este país han comprado, construido y vendido con una voracidad y ambición fuera de todo sentido común, ayudados en gran medida por los bancos.

En el caso de la Azucarera, me pregunto, si la ciudad de Granada con el alcalde a la cabeza, no querrá salvar a esta empresa privada dueña de los terrenos de esa voracidad y ambición ahora que los bancos no son tan amigos de prestar dinero tan alegremente.

Insisto, los promotores son necesarios, aquí en Granada y en cualquier ciudad de nuestro país, pero estaría bien que los granadinos y granadinas no tengamos que pagar sus malos negocios porque los que nos hipotecaríamos entonces seríamos todos.

Ya seguiré con la segunda parte.